La seguridad en atracciones infantiles se endurece tras la propuesta de norma por el caso de Mislata
El accidente de Mislata en la feria navideña del 4 de enero de 2022 conmocionó a la opinión pública y puso el foco en la seguridad de las atracciones infantiles. Un castillo hinchable se elevó por una racha de viento: dos niñas de 4 y 8 años fallecieron y otros siete menores resultaron heridos, un desenlace trágico que inició numerosas investigaciones y debates técnicos y jurídicos.
Desde entonces, el caso ha servido como referencia para reclamar cambios normativos y controles más estrictos. Familias, técnicos y medios han insistido en que la seguridad en atracciones infantiles debe reforzarse para evitar que hechos similares vuelvan a suceder.
El accidente de Mislata y sus consecuencias
La investigación policial de marzo de 2022 determinó irregularidades claras: fallos en la sujeción, cuerdas deterioradas y errores en la ubicación y orientación del hinchable. La Policía llegó a afirmar que las muertes «se podían haber evitado» si se hubieran cumplido normas básicas de montaje y seguridad.
En el plano judicial, la jueza citó como investigados al propietario y encargados del hinchable, así como al ingeniero que firmó los certificados técnicos. La instrucción del caso se ha prorrogado en los años siguientes, y a febrero de 2026 sigue abierta con peticiones de las familias para acelerar responsabilidades.
Testigos recogidos por la prensa han señalado que el responsable de la atracción «desapareció» tras el accidente, lo que alimentó la indignación pública y las demandas de transparencia. El recuerdo del suceso se reactiva en aniversarios y cuando surgen nuevas propuestas técnicas.
Vacío normativo y contexto nacional
Una de las conclusiones recurrentes tras Mislata es la carencia de un reglamento estatal homogéneo para hinchables. En España se aplican normas UNE y regulaciones autonómicas y municipales distintas, lo que deja lagunas en controles, responsabilidades y requisitos mínimos.
Medios y técnicos señalan que esa heterogeneidad complica la prevención: umbrales distintos, requisitos de documentación variables y ausencia de figuras profesionales obligatorias dificultan la inspección y la responsabilidad. Informes recuerdan que la normativa tradicional habla de prohibición de uso por encima de ~38 km/h, mientras que propuestas recientes proponen 35 km/h.
Asociaciones del sector, como la Asociación Española de Juegos Hinchables (AEJH), han trasladado a la Generalitat Valenciana la falta de regulación a nivel nacional y participan en grupos de trabajo para aportar criterios técnicos que permitan homogeneizar la seguridad.
La propuesta pionera del COGITI Valencia (enero 2026)
En enero de 2026 el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI) presentó un borrador de normativa calificado de «pionero» para hinchables. La iniciativa crea dos figuras profesionales , instalador y operador, , un carnet profesional, registro autonómico y una formación obligatoria de 20 horas basada en la UNE‑EN 14960.
Tomás Játiva, portavoz del COGITI, defendió la propuesta con una frase contundente: «Pretendemos que lo ocurrido en Mislata no vuelva a pasar». El borrador busca trasladar al sector requisitos técnicos claros y garantizar que quienes manipulan estas atracciones tengan formación y acreditación específicas.
Entre las medidas técnicas propuestas figuran el uso de un anemómetro calibrado anualmente, alarma óptico‑acústica, señalización de evacuación y la obligación de documentación técnica completa. Además, el borrador plantea la retirada inmediata del hinchable si el viento supera los 35 km/h, un umbral más restrictivo que otras referencias anteriores.
Respuesta de la Generalitat Valenciana y precedentes autonómicos
También en enero de 2026 la Generalitat Valenciana creó un grupo de trabajo en la Conselleria de Emergencias para desarrollar normativa específica sobre hinchables. La administración propuso la figura del «operador cualificado» con un curso homologado de 20 horas y un registro autonómico para controlar acreditaciones.
Juan Carlos Valderrama, representante de la Conselleria, recordó que «la autorización era municipal» y subrayó la necesidad de garantizar la seguridad con mecanismos autonómicos que refuercen el control local. La Generalitat busca coordinar criterios y facilitar la obligatoriedad de formación y registros.
El endurecimiento autonómico no es aislado: en octubre de 2025 la Xunta de Galicia modificó su ley y decreto para exigir un certificado de instalación/montaje suscrito por persona técnica competente o entidad de certificación municipal y documentación explícita (lugar, fecha y hora de la visita). Es una tendencia de varias comunidades a aumentar requisitos después de incidentes.
Impacto en el sector, familias y opinión pública
El sector del ocio y las ferias ha experimentado presión creciente desde Mislata: otros incidentes en Vigo (2024) y Murcia (2025) han vuelto a reabrir el debate público y a exigir controles más estrictos. La cobertura mediática ha mantenido el caso en la agenda y ha fortalecido las reclamaciones de las familias.
Las familias, especialmente la madre de una de las víctimas de Mislata, han exigido avances en la investigación y un endurecimiento normativo tras sucesivos accidentes similares en España. Su demanda de responsabilidades judiciales y cambios reglamentarios ha sido uno de los motores del impulso reformista.
Al mismo tiempo, asociaciones del sector participan en los grupos de trabajo para aportar criterios técnicos y evitar soluciones que impongan cargas insoportables a pequeños empresarios, reclamando regulación clara y homogeneidad a nivel estatal.
Medidas técnicas y formación: qué propone la nueva regulación
El contenido formativo propuesto incluye primeros auxilios y la aplicación práctica de la UNE‑EN 14960, que regula diseño, ensayo, inspección y mantenimiento de equipos hinchables para menores de 14 años. La formación de 20 horas pretende garantizar conocimientos mínimos técnicos y de seguridad.
En el plano técnico, las medidas sugeridas buscan herramientas objetivas: anemómetro calibrado anualmente, alarmas óptico‑acústicas que alerten de viento peligroso, señalización de evacuación, obligación de llevar y conservar documentación técnica y retirada inmediata si se supera un umbral fijado (35 km/h en la propuesta del COGITI).
Pese a estas propuestas, persisten debates: algunos informes y noticias señalan umbrales distintos (38 km/h frente a 35 km/h) y discuten la obligatoriedad y coste de equipos como anemómetros o sistemas de alarma. A 14/03/2026 no existe aún un reglamento estatal único resultado de estas iniciativas, por lo que muchas medidas dependen de la voluntad autonómica y municipal.
El caso de Mislata ha provocado un cambio de sensibilidad: la seguridad en atracciones infantiles ya no es sólo una cuestión técnica, sino una responsabilidad social y administrativa que exige respuestas coordinadas. La suma de propuestas del COGITI, la acción autonómica y la presión pública abre una ventana para modernizar criterios y exigir profesionales formados y acreditados.
Sin embargo, queda trabajo por hacer: la investigación judicial sigue abierta y la ausencia de un reglamento estatal homogéneo mantiene riesgos de desigualdad entre territorios. La lección que dejan las víctimas y sus familias exige que las administraciones, el sector y la sociedad concreten y apliquen normas que garanticen que tragedias como la de Mislata no se repitan.
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